Unidos para la eliminación de la violencia contra la mujer

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Un 25 de Noviembre más el pueblo de Beas se ha unido por la eliminación de la violencia contra la mujer. Por la mañana la lectura del manifiesto se trasladó al pabellón del IES La Campiña y fue leído por parte de la concejala de Educación y del alumnado. Tras él tuvo lugar una mesa de expertos debate sobre esta lacra en la que intervinieron D. Miguel Navarro, Guardia Civil, D. Santiago Javier Granado y D. Marcos Carrero, jueces de Huelva y D. Pablo Mora, fiscal delegado experto en la temática. 
 
En el CEIP Juan Ramón Jiménez también se suspendió la marcha hacia la Plaza España y se realizó la lectura del manifiesto en el Patio del cole, además pudimos ver un emotivo photocall, «Estamos dejando claro que no hay lugar para la violencia de género en nuestra sociedad. Hoy, alzamos la voz, nos unimos en solidaridad y trabajamos por un futuro donde las mujeres vivan libres de violencia.» publicaban desde el Centro Educativo.
 
Por último esta tarde y como broche final a una semana llena de actos de revindicación contra esta lacra que no para en nuestra sociedad, hemos podido ver la charla de la psicóloga beasina Marina Gómez sobre una de las violencias más invisibilizadas, que es el de la violencia de género en mujeres mayores de 65 años. 

Declaración institucional

En 2024 se cumple el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una estrategia pionera, fruto del consenso político, y de la presión social de las asociaciones feministas que venían exigiendo un modelo multidisciplinar de prevención, protección y atención efectiva a las víctimas de violencia machista, imprescindible para afrontarla como un problema estructural arraigado en el corazón mismo de nuestra sociedad.

Desde su promulgación, se han logrado avances significativos tanto en la protección de las víctimas como en la sensibilización social contra la impunidad de la violencia hacia las mujeres, sacándola del ámbito privado hasta convertirla en un asunto de Estado con un Pacto nacional que, sin embargo, mantiene aún muchos retos abiertos en su ejecución, dadas las proporciones pandémicas de la violencia de género.

Las instituciones aquí representadas venimos también haciendo este camino y acumulamos una valiosa experiencia en el desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito local. Por eso sabemos que es esencial seguir consolidando recursos y estructuras organizativas estables para que las Corporaciones Locales puedan hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros y libres de violencia machista. 

Los datos siguen siendo alarmantes. Según el INE, el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó en más de un 12% en 2023 hasta 36.582. Constituye la cifra más elevada registrada desde 2011. 

En cuanto al número de mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país asciende a 41 en lo que va de año (10 en Andalucía) y a 1.286 desde 2003.  Además, 4 menores han sido asesinados por violencia vicaria, una cifra que se eleva a 61 desde 2013. También se contabilizan desde esa fecha 32 menores que han quedado huérfanas o huérfanos de madres asesinadas por violencia machista. 

Con todo, es vital no normalizar e insensibilizarnos ante estas cifras. Además de poner el foco en las víctimas, es notorio que hay que concentrar esfuerzos en evitar que los maltratadores agredan y asesinen. Estamos comprobando que la acción jurídica contra la violencia de género no es suficiente para lograr una reducción de los crímenes, de manera que se debe insistir en la prevención y la sensibilización. El hecho de que convivamos con la violencia de género, sin percepción de amenaza para toda la sociedad, es un responsabilidad colectiva que hay que revertir con urgencia. 

Nos enfrentamos a varios desafíos: las brechas en la protección, la violencia vicaria, la violencia sexual, la mercantilización del cuerpo de las mujeres y la atención específica a las mujeres con múltiples discriminaciones.

Además, la creciente incidencia de la violencia machista a través de medios digitales supone otra señal más de alarma. Por ello, es crucial aumentar la conciencia sobre los peligros de la violencia digital machista, ya que un alto porcentaje de mujeres la ha padecido: el 80 por ciento ha sufrido acoso en redes sociales; el 53 por ciento ha recibido fotos sexuales no solicitadas, y el 44 por ciento ha sido amenazada a través de Internet. 

En este sentido, aún faltan estadísticas desagregadas que permitan un análisis más profundo; todavía muchos casos quedan ocultos, debido a que ni siquiera se tiene conciencia de que se esté siendo objeto de un delito machista, y las denuncias son escasas.

De ahí que las instituciones pongamos este año el foco en la ciberviolencia, puesto que el espacio digital se ha convertido en un lugar indispensable en nuestra vida cotidiana; pasamos de media casi 7 horas al día online, y ello implica que las estructuras de poder y las violencias que se dan hacia las mujeres en lo analógico se estén también traspasando a las pantallas. 

Las violencias machistas digitales no son percibidas como algo real, aunque el paso de la violencia virtual al mundo real tenga múltiples consecuencias demoledoras para las mujeres, ya que puede empezar en lo físico y continuar en lo digital, empezar en lo digital y continuar en lo físico o mantenerse en ambos espacios a la vez retroalimentándose hasta incluso tener un impacto mortal. 

En este marco, un año más, las instituciones aquí representadas, en conmemoración del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos comprometemos a: 

  1. Reforzar la coordinación institucional y hacer valer el papel fundamental que los organismos de igualdad venimos desarrollando en la lucha contra la violencia machista prestando especial asistencia a los municipios del ámbito rural.
  2. Visibilizar y respaldar las convergencias y los pactos entre administraciones, organizaciones y sociedad civil conectando las acciones locales con el movimiento internacional de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
  3. Ampliar la atención específica con un enfoque interseccional teniendo en cuenta a las mujeres en situaciones más vulnerables, migrantes y refugiadas, de minorías étnicas, con discapacidades, en situación de exclusión social y prostitución, entre otras.
  4. Exigir el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y violencia machista, enfatizando la necesidad de garantizar y gestionar de forma efectiva recursos estables para su implementación.
  5. Frenar la normalización de las violencias, en especial, la cultura de la violación y la mercantilización del cuerpo de las mujeres, fortaleciendo las actuaciones formativas continuas en todos los estamentos profesionales implicados, y la sensibilización social.
  6. Desarrollar estrategias para identificar y actuar contra la violencia digital machista.
 

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