Un total de 125 niños y niñas de toda la provincia, entre ellos un grupo de nuestro pueblo han intervenido este fin de semana en el VII Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de Huelva, un espacio para el debate y la reflexión sobre los asuntos que centran el interés y la preocupación de los menores, que se inauguró este pasado viernes en Moguer y que se ha desarrollado hasta el día de ayer.
La salud mental y las adicciones han centrado la temática a trabajar en esta edición, a propuesta de los propios menores, áreas sobre las que han podido adquirir competencias y conocimientos a través de talleres y un amplio programa de actividades en las que además han compartido experiencias durante tres jornadas con tiempo para la convivencia y la diversión.
En el acto oficial de apertura del encuentro, en el Teatro Felipe Godínez de Moguer – municipio anfitrión este año-, la diputada provincial de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social, Carmen Díaz Soriano, quien daba la bienvenida a los niños, niñas y adolescentes participantes junto a otras autoridades, remarcaba la necesidad de que “los menores sientan que no están solos, que además de sus padres y familiares, tienen detrás al profesorado y estamos también las administraciones públicas, que trabajamos y velamos por su bienestar y para que se desarrollen sin temores”.
Díaz consideraba “muy importante” que chicos y chicas se expresen y “que no se sientan diferentes porque sientan algo distinto, así como la necesidad de escucharlos”. “Las administraciones tenemos una corresponsabilidad con los menores y, en este espacio, asumimos el compromiso de que lo que ellos y ellas exponen y nos plantean debe traducirse en acciones siempre en pro de su bienestar”.
La existencia de los consejos locales de infancia en la provincia de Huelva es una apuesta pionera en Andalucía que se enmarca en el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que promueve la inclusión de la perspectiva de la infancia en las políticas públicas, a través del compromiso de las administraciones para garantizar el derecho a la participación de las niñas y niños en la sociedad, y que sus opiniones sean tenidas en cuenta en la adopción de medidas que les afecten en sus vidas cotidianas.
